Así lo ha confirmado el bufete de abogados alemán Urmann. Según la firma, a partir del 1 de septiembre comenzarán a hacer públicos los detalles de cada individuo que haya infringido los derechos de autor de sus clientes a través del intercambio de archivos, la mayoría de la industria del porno. Además, según la firma de abogados comenzarán con las IP de los demandados resgistradas en iglesias, comisarías e incluso miembros de embajadas de los países árabes. Todo ello sin pasar por los tribunales.
Un movimiento que viene a ser el extremo más radical iniciado por RIAA y resto de sociedades con las famosas cartas a cambio de evitar un juicio. En este caso el movimiento llega desde Europa en un comunicado publicado por la firma de abogados en su página web.
Según Urmann, tienen un gran número de casos de intercambio de archivos sin salida. Antes de pasar por los tribunales, la firma iniciará una campaña de persuasión contra sus acusados.
Y es que a partir del próximo 1 de septiembre comenzarán a publicar los datos personales de los titulares de cuentas de Internet que ellos afirman haber violado los derechos de autor de sus clientes. Un número de personas no detallado aunque es muy probable que se trate de miles de ellos si tenemos en cuenta la cifra de demandas anteriores, más de 150.000 personas.
No sólo eso, esta “humillación” pública sin veredicto judicial podría ser aún peor. Según el diario Der Spiegel, la mayor parte de los clientes de la firma no están relacionados con la industria musical, sino con el hardcore pornográfico del país.
Para finalizar este sinsentido, desde torrent freak explican que la firma iniciará este linchamiento público con aquellas direcciones IP registradas en Iglesias, comisarías de policía y embajadas de países árabes.
¿Y esto es legal? Según Urmann, ellos están facultados para ello en base a la ley alemana. Se apoyan en una sentencia del 2007 que dictaminó que era legal que las firmas de abogados publicaran los nombres de los demandados por sus clientes con el fin de hacer publicidad de sus servicios. El debate reside en saber si la regla se aplica también en los ciudadanos comunes y no sólo en demandados como empresa.
Un movimiento que viene a ser el monstruo creado a partir de las famosas cartas de coacción para no pasar por los tribunales. Un paso difícil de entender por el que la lucha anti-piratería tratará de humillar de manera pública a los demandados sin previo paso por los tribunales.
